Summer L. Lee

Summer Lee ha vivido toda su vida en el distrito y se crio en los vecindarios de North Braddock y Swissvale.¹

Como legisladora estatal de Pensilvania y comprometida organizadora, activista y defensora de la justicia social, ha luchado incansablemente para impulsar movimientos y lograr un cambio real en su comunidad. Ahora, Summer se postula al Congreso por el distrito PA-12 para luchar por la oportunidad de su comunidad de construir un futuro mejor.

Democracia y derecho al voto

A lo largo de la historia de nuestra nación, nunca hemos cumplido las promesas de la democracia. Los legados de la esclavitud y de las leyes Jim Crow han perdurado a través de la privación del derecho al voto, la manipulación de los distritos electorales (gerrymandering) y la supresión del voto, que hacen inaccesibles las urnas, sobre todo para las personas pobres, negras y morenas de todo el país.

No solo debemos acabar con las leyes racistas de identificación del votante y de supresión del voto, restablecer todo el alcance de la Voting Rights Act (ley de derecho al voto) y poner fin al gerrymandering, sino que debemos ir más allá y garantizar el derecho al voto a todas las personas de nuestro país: desde quienes estuvieron encarcelados hasta los inmigrantes, todos merecen tener voz en nuestra democracia.

El Congreso debería facilitar el voto, no dificultarlo, y eso significa inscripción automática de votantes, voto anticipado y por correo en todo el país, días feriados federales en las jornadas electorales e inscripción de votantes el mismo día de la elección.

Además, mientras las corporaciones puedan canalizar miles de millones hacia las elecciones, nuestra democracia seguirá perteneciendo al mejor postor. Una reforma integral del financiamiento de campañas que acabe con Citizens United y devuelva las campañas a manos del pueblo es un paso necesario para reconstruir nuestra democracia.

Las reglas de nuestro gobierno tampoco han cumplido la promesa de la democracia, y es hora de acabar con leyes obsoletas y arbitrarias. Debemos eliminar el filibusterismo, una herramienta que defendieron senadores segregacionistas para oponerse a la legislación de derechos civiles y que hoy sigue obstaculizando el progreso. Debemos ampliar la Corte Suprema y los tribunales federales para que los extremistas de derecha no puedan arrebatarnos nuestros derechos fundamentales, y poner fin a los nombramientos vitalicios en el máximo tribunal del país. Nuestra democracia lleva mucho tiempo rota, pero tenemos las herramientas para reconstruir, de una vez por todas, una democracia más representativa.

Justicia para las personas con discapacidad

Toda formulación de políticas debe basarse en un marco de justicia para las personas con discapacidad, que la reconozca como inseparable de la justicia racial, de género y económica, lo que significa que debemos trabajar en solidaridad entre las distintas «categorías» para avanzar hacia el acceso colectivo. El capacitismo en nuestro país y en sus leyes ha relegado a las personas con discapacidad a una ciudadanía de segunda clase. Aunque casi 1 de cada 4 personas en el país tiene una discapacidad, las personas con discapacidad están sobrerrepresentadas entre la población encarcelada, entre las víctimas de la violencia policial y entre quienes viven en la pobreza.

Debemos garantizar que todas las personas con discapacidad reciban una remuneración justa y cerrar los resquicios legales que permiten a las empresas pagarles salarios inferiores al mínimo. Además, debemos ampliar y reformar el Seguro por Discapacidad del Seguro Social (SSDI) y la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), para que quienes reciben esos beneficios puedan realmente sobrevivir con ellos, y acabar con las normas punitivas que atrapan a las personas con discapacidad en la pobreza.

La pandemia de COVID-19 ha dejado al descubierto las profundas desigualdades que ya existían en nuestro sistema de atención médica, en especial para las comunidades de personas con discapacidad. No solo debemos aprobar Medicare para Todos, sino también garantizar que incluya la cobertura de servicios de apoyo a largo plazo en la comunidad, así como enormes inversiones federales en servicios en el hogar y en la comunidad (HCBS), para sacar a cientos de miles de personas con discapacidad de las listas de espera de atención domiciliaria y garantizar que tengan acceso a la atención que ellas y sus familias necesitan.

También debemos garantizar que las personas con discapacidad tengan acceso a una educación de calidad; una forma clave de lograrlo es aumentar los fondos de la Individuals with Disabilities Education Act (ley de educación para personas con discapacidades), que siempre ha estado insuficientemente financiada, para que los estudiantes con discapacidad cuenten con los recursos que necesitan en las escuelas públicas.

Asimismo, debemos seguir ampliando leyes como la ADA, con la aprobación de legislación como la ASAP Act, que busca que todo el transporte público cumpla con la ADA y sea accesible.

Justicia económica y empleos sindicalizados

En este momento, nuestra economía funciona para unos pocos ricos y para las corporaciones a costa de los trabajadores pobres. Las exenciones tributarias a las corporaciones, la falta de regulación de Wall Street y de las grandes empresas tecnológicas, y el desfinanciamiento de los servicios sociales no han hecho más que reforzar las profundas desigualdades sistémicas que seguimos enfrentando como nación. El crecimiento económico ha dejado atrás a las comunidades marginadas, y es hora de poner a los trabajadores en el centro de nuestras políticas económicas.

Por eso he seguido promoviendo legislación que respalde un salario digno y que busque cerrar la brecha innecesaria entre las ganancias desorbitadas de las corporaciones y los salarios de pobreza de los trabajadores. No hay razón para que las personas de nuestra comunidad, ni de ninguna otra, no puedan pagar una vivienda con el salario que ganan trabajando a tiempo completo.

También me comprometo a usar el poder de mi cargo para apoyar el derecho y la capacidad de mis electores de sindicalizarse, porque todo trabajador merece un sindicato.

La historia de nuestra comunidad es la mejor prueba de los beneficios de pertenecer a un sindicato y de las desventajas de quedar excluido de ellos. Hoy vemos tasas de sindicalización históricamente bajas en todo el país. Sabemos que los sindicatos son una de nuestras mejores herramientas para reducir la desigualdad, aumentar los salarios y lograr mejores prestaciones y protecciones laborales, así que estoy lista para luchar por un movimiento laboral sólido que refleje la diversidad racial, de género y de sectores que exige un movimiento laboral del siglo XXI. Por eso apoyo la PRO Act: porque creo que todo trabajador merece un sindicato y que es hora de que nuestras leyes protejan a los sindicatos y fortalezcan el derecho de los trabajadores a organizarse.

Un componente fundamental del Green New Deal es su énfasis en la garantía de empleo, un salario digno garantizado y el fortalecimiento del movimiento laboral de EE. UU. La transición de la sociedad estadounidense a una energía 100 % limpia y renovable creará millones de empleos sindicalizados bien remunerados. Tenemos la obligación moral de hacer esa transición para salvar nuestro planeta y garantizar que todos los trabajadores de los combustibles fósiles cuenten con las habilidades y la capacitación necesarias para prosperar en una economía de energía verde. Ningún trabajador se quedará atrás.

Educación

Todo niño merece acceso a una educación pública gratuita de primer nivel, sin importar su código postal ni su situación socioeconómica. Lamentablemente, nuestros mecanismos de financiamiento de la educación pública son profundamente desiguales y dejan atrás a las comunidades de clase trabajadora y a las comunidades de color.

Las universidades públicas y los programas de formación profesional deberían ser gratuitos, y toda la deuda estudiantil existente debería cancelarse.

Lucho por un financiamiento equitativo para nuestras escuelas. Eso significa una fórmula de financiamiento justa que garantice que los niños no sean castigados por crecer en el código postal «equivocado». También apoyo la educación preescolar gratuita y universal, incluido el cuidado infantil temprano, y la ampliación drástica de los programas de formación docente, con el objetivo de formar maestros de alta calidad con competencia cultural para una población estudiantil cada vez más diversa.

Justicia ambiental

Cualquier día, nuestra región sufre una de las peores calidades del aire del país. Los directores ejecutivos se enriquecen mientras nuestra comunidad, en especial las comunidades negras y morenas, sufre tasas más altas de asma, cáncer y otras enfermedades. A pesar de estos mayores riesgos para la salud, el Congreso sigue sin actuar con la urgencia necesaria para establecer protecciones frente a nuevos proyectos que suponen riesgos ambientales y sanitarios aún mayores. Como representante estatal, siempre me he opuesto abiertamente al fracking y he insistido en la necesidad de empleos sostenibles. Cuando hubo una propuesta de fracking en el valle del Mon (Mon Valley), nos unimos a la comunidad para hacerle frente y la detuvimos en seco. Las personas de nuestra comunidad llevan décadas enfrentándose a las propuestas de fracking de las corporaciones de combustibles fósiles, y me enorgullece seguir a su lado.

En el Congreso lucharé por un Green New Deal que permita la transición a una economía de energía 100 % limpia y renovable. Eso incluye acabar con el fracking, que representa una amenaza desproporcionada para comunidades como la nuestra. El Green New Deal pone en el centro a las comunidades marginadas y de primera línea que soportan el peso del racismo ambiental: comunidades con agua envenenada, altas tasas de asma, etc., comunidades como la nuestra.

Creo que todos merecen aire limpio y agua potable segura. Por eso me centro en financiar por completo la sustitución de todas las tuberías de agua de plomo. Es inadmisible que alguien en Estados Unidos no tenga acceso a agua limpia. Podemos y debemos garantizar agua limpia para todos. Tenemos los recursos financieros para lograrlo.

Violencia armada

Al igual que comunidades de todo el país, el oeste de Pensilvania enfrenta una epidemia de violencia armada. Necesitamos prohibir las armas de asalto, ampliar la verificación de antecedentes, acabar con las protecciones a los fabricantes corporativos de armas y aprobar una legislación audaz de seguridad en materia de armas para detener los tiroteos masivos que se han vuelto demasiado comunes en escuelas, iglesias, tiendas y ciudades de todo Estados Unidos. Pero en comunidades como la nuestra, la violencia armada se manifiesta con mayor frecuencia en la violencia generalizada que ocurre en nuestras calles con armas cortas. Esa violencia tiene su origen en la pobreza, en comunidades que han sido desatendidas y han carecido de fondos durante demasiado tiempo. Necesitamos invertir en nuestras escuelas, en programas extraescolares y en servicios integrales. Necesitamos invertir en empleos y en salarios más altos, para que las personas puedan elegir cómo forjar su futuro. La violencia armada no puede abordarse de forma aislada: tiene su raíz en cada recorte de fondos a los servicios sociales y también debe combatirse en ese plano.

Inmigración

Ningún ser humano es ilegal. Nuestro sistema de inmigración es una red rota de políticas xenófobas que buscan castigar a las personas morenas y negras en lugar de abrir vías a la ciudadanía.

Debemos devolver la humanidad a nuestro sistema de inmigración poniendo fin a la separación de familias y eliminando los obstáculos para los solicitantes de asilo y los refugiados. Millones de inmigrantes indocumentados, desde los Dreamers hasta las personas con Estatus de Protección Temporal (TPS), merecen una vía a la ciudadanía porque su hogar está aquí.

En este momento, nuestro sistema de inmigración está construido como nuestro deficiente sistema penal: es punitivo, depende de prisiones privadas para la detención, ha creado una frontera excesivamente militarizada y ha convertido a ICE en una agencia policial violenta. Todo eso debe terminar para que demos prioridad a las personas que se pierden, sufren abusos y son deportadas por nuestro sistema de inmigración actual.

Reforma de la justicia

El encarcelamiento masivo es la antítesis de construir familias y comunidades más fuertes en este distrito. Los sistemas actuales de justicia penal y de menores se cuentan entre los mayores obstáculos para la justicia social y la movilidad social, y aun así los contribuyentes pagan la cuenta. Estados Unidos gasta más en prisiones que en educación. Ese gasto se hace a costa de otros servicios sociales de los que dependen los habitantes de Pensilvania, como Medicaid. Es hora de dejar de invertir en sistemas punitivos e ineficaces y empezar a invertir en nuestro futuro.

Me comprometo a acabar con la llamada «tubería de la escuela a la prisión». Nuestras escuelas deben ser espacios seguros donde todos los estudiantes puedan aprender y crecer. Nuestro modelo actual, que remite a los niños a agentes armados de las fuerzas del orden en los planteles y los procesa por infracciones menores en el patio escolar, empuja a los niños hacia el complejo industrial penitenciario y limita sus perspectivas de futuro. En lugar de recurrir por defecto a la suspensión, la expulsión y el encarcelamiento, debemos aplicar prácticas más restaurativas y eficaces.

Me opongo a las leyes de penas mínimas obligatorias. La estrategia de la «guerra contra las drogas» es un fracaso absoluto que solo ha destrozado familias y comunidades. Las penas mínimas obligatorias afectan de forma desproporcionada a las comunidades negras y pobres, y obstaculizan los esfuerzos actuales para combatir la crisis de los opioides en nuestras comunidades. Nuestros familiares, amigos y vecinos que sufren adicciones no necesitan penas de prisión severas; necesitan atención médica asequible y accesible.

También debemos acabar con las numerosas prácticas inhumanas de nuestro sistema de justicia. Eso significa eliminar la fianza en efectivo, porque nuestro sistema actual, que encarcela a las personas según su capacidad de pago, es una reliquia bárbara que castiga a los pobres por su pobreza. Además, debemos abolir la pena de muerte y la cadena perpetua sin libertad condicional: el estado no debería tener el poder de acabar con la vida de una persona ni de condenarla a morir en prisión.

Derechos LGBTQ+

La lucha por los derechos LGBTQ+ es uno de los asuntos de derechos civiles que definen nuestra época. El Congreso debe aprobar la Equality Act para ofrecer protecciones federales largamente esperadas a las personas LGBTQ+ y a sus familias. En la actualidad no existen normas federales que prohíban la discriminación contra las personas LGBTQ+ en la atención médica, la vivienda, el empleo, etc. Además de estas protecciones fundamentales, debemos centrarnos en lograr una representación significativa de la comunidad LGBTQ+ en la política, hacer frente a una Corte Suprema de derecha que podría debilitar los derechos LGBTQ con el argumento de la «libertad religiosa» y abordar las numerosas disparidades que enfrenta la comunidad LGBTQ+ en el acceso a una atención médica asequible e inclusiva.

Medicare para Todos

Sigo creyendo que la atención médica es un derecho humano fundamental. Nadie en este país debería temer perder su cobertura por afecciones preexistentes, por su situación laboral, por su situación migratoria, por atreverse a iniciar su propio negocio o por superar la edad límite para estar en el seguro de sus padres. Nuestro sistema de atención médica está fundamentalmente roto. Medicare para Todos no solo ahorraría dinero: salvaría vidas.

Medicare para Todos eliminaría los cargos y ampliaría la cobertura, de modo que nadie tendría que vivir con miedo a la bancarrota ante una emergencia médica o simplemente por buscar atención preventiva. Se acabarían los copagos, los deducibles y las primas. Incluiría no solo la cobertura médica, sino también la de la vista, dental, reproductiva, de salud mental y de atención a largo plazo. En demasiadas ciudades como la nuestra, vemos cómo las crisis de salud mental y de adicciones se criminalizan mediante el encarcelamiento masivo en lugar de atenderse en nuestro sistema de salud; Medicare para Todos garantizaría una inversión federal en atención de salud mental y servicios para las adicciones a la escala que nuestras comunidades necesitan. Medicare para Todos también reducirá los precios de los medicamentos con receta al permitir que el gobierno negocie esos precios y que los consumidores compren directamente en mercados más baratos, lo que obligará a las grandes farmacéuticas a volver a la mesa de negociación.

La pandemia de COVID-19 no ha hecho más que revelar aún más las desigualdades de nuestro sistema de atención médica. Los adultos negros, morenos e indígenas tienen más probabilidades de carecer de seguro que el promedio nacional. Al mismo tiempo, las personas negras tienen tasas más altas de mortalidad materna, mortalidad infantil y asma infantil, y tienen más probabilidades que nadie de morir de cáncer. Para las comunidades marginadas, el acceso a la atención médica es una cuestión de vida o muerte.

Salud, derechos y justicia reproductivos

Los extremistas de derecha de la Corte Suprema han desmantelado nuestro derecho constitucional al aborto, y el Congreso debe hacer todo lo que esté a su alcance para proteger este derecho fundamental. En Pensilvania, lo único que protege nuestro acceso al aborto frente a los extremistas republicanos de la legislatura estatal es el veto de un gobernador demócrata. No podemos depender de un mosaico de derechos estatales que están constantemente amenazados; necesitamos proteger los derechos reproductivos a nivel federal. Y el Congreso no solo debe salvaguardar el derecho federal al aborto, sino también derogar leyes como la enmienda Hyde, que deja la atención fuera del alcance de las comunidades marginadas y de bajos ingresos, y poner fin a la criminalización del aborto a nivel federal. Debemos impulsar activamente leyes que consagren nuestro derecho al aborto y hagan más accesible la atención de la salud reproductiva, como la Women’s Health Protection Act y la EACH Act, y eliminar el filibusterismo para que una norma obsoleta del Senado no impida proteger nuestros derechos.

Además, si queremos garantizar que la Corte Suprema de derecha no pueda seguir recortando nuestras libertades y derechos fundamentales, debemos ampliar la Corte Suprema y poner fin a los nombramientos vitalicios de jueces no electos en el máximo tribunal del país.

Que no quede ninguna duda: las prohibiciones del aborto y los intentos de erosionar nuestros derechos reproductivos son ataques que recaen con más fuerza sobre las comunidades negras y morenas más marginadas, que ya carecen del acceso necesario a la atención. Hoy, la tasa de mortalidad materna de las mujeres negras es cuatro veces mayor que la de las mujeres blancas. Los miembros de la comunidad LGBTQ+, en particular las mujeres trans de color y las personas no binarias, también sufren grandes disparidades en la atención de la salud sexual y reproductiva y, en general, peores resultados de salud. Debemos abordar estas desigualdades en el acceso a la atención médica y en sus resultados para garantizar que todas las personas tengan acceso a una atención médica segura, inclusiva y asequible, como es su derecho humano.