Ilhan Omar

La representante Ilhan Omar representa al 5.º Distrito Congresional de Minnesota, que incluye Minneapolis y sus suburbios, en la Cámara de Representantes de EE. UU.¹

Experimentada analista de políticas públicas, organizadora comunitaria, oradora y defensora de causas en la zona de las Ciudades Gemelas, la representante Omar juró el cargo en enero de 2019, con lo que se convirtió en la primera refugiada africana en llegar a ser miembro del Congreso, la primera mujer de color en representar a Minnesota y una de las dos primeras mujeres musulmanas estadounidenses elegidas al Congreso.

Como legisladora, la representante Omar está comprometida a luchar por los valores compartidos del 5.º Distrito, valores que sitúan a las personas en el centro de nuestra democracia. Se propone centrarse en muchos de los temas que más le plantean sus electores, como invertir en educación y liberar a los estudiantes de las cadenas de la deuda, garantizar un salario justo por una dura jornada de trabajo, crear un sistema de inmigración justo y hacer frente a la amenaza existencial del cambio climático.

La representante Omar también se propone resistir los intentos de dividirnos y de impulsar políticas destructivas que socavan nuestros derechos y libertades, y construir una cultura más inclusiva y compasiva, que permita que nuestra economía florezca y aliente a más estadounidenses a participar en nuestra democracia.

Nacida en Somalia, la representante Omar huyó con su familia de la guerra civil de ese país cuando tenía ocho años. La familia pasó cuatro años en un campo de refugiados en Kenia antes de llegar a Estados Unidos en la década de 1990. En 1997 se mudó con su familia a Minneapolis. Siendo adolescente, su abuelo la inspiró a participar en la política. Antes de postularse a un cargo, trabajó como educadora comunitaria en la Universidad de Minnesota, fue becaria de políticas públicas en la Humphrey School of Public Affairs y fue asesora principal de políticas del Concejo Municipal de Minneapolis.

En 2016 fue elegida representante del Distrito 60B en la Cámara de Representantes de Minnesota, lo que la convirtió en la funcionaria pública somalí-estadounidense de más alto cargo electo en Estados Unidos y en la primera legisladora estatal somalí-estadounidense. La representante Omar fue líder adjunta de la minoría y formó parte de tres comités de la cámara: Política de Derecho Civil y Prácticas de Datos; Política y Finanzas de Educación Superior y Preparación Profesional, y Finanzas del Gobierno Estatal.

Inmigración

Desde la fundación de esta nación, los inmigrantes han sido fundamentales para el desarrollo y la diversidad que hacen de Estados Unidos un país tan singular. Muchos inmigrantes y refugiados, como yo, hemos huido de la guerra, la opresión y las dificultades socioeconómicas en nuestros países de origen para buscar mejores oportunidades en Estados Unidos.

Pero, lamentablemente, el sistema de inmigración de nuestro país es fundamentalmente injusto y trágicamente inhumano. En lugar de tratar a los migrantes y refugiados con humanidad y compasión, los tratamos como delincuentes. No hay necesidad de encerrar a niños en jaulas. No hay necesidad de financiar un muro costoso que solo simboliza el odio y la intolerancia. No hay necesidad de que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arremeta habitualmente contra inmigrantes inocentes de manera brutal y militarizada. Mi posición siempre será establecer un sistema de inmigración justo que acoja y proteja a todos los seres humanos, sin tratar nunca a nadie como un presunto delincuente, sin importar su etnia, su religión ni ninguna otra condición.

En el Congreso, sigo impulsando la abolición de ICE y su sustitución por una agencia que pueda defender nuestra seguridad nacional sin criminalizar ni maltratar a las comunidades vulnerables. También lucho con firmeza para impedir que se destine un solo dólar más al Departamento de Seguridad Nacional que pueda usarse para seguir vilipendiando a los inmigrantes o para otras prácticas que violen los valores fundamentales que defendemos como país.

También lucho por una vía hacia la ciudadanía para los beneficiarios de DACA, los titulares del TPS y los beneficiarios de DED. Me comprometo a hacer todo lo posible para ayudar a los más de 11 millones de inmigrantes indocumentados que viven en Estados Unidos a salir de las sombras y acceder a los derechos y privilegios que merecen. Igual de importante es que no podemos seguir ignorando la difícil situación de los migrantes y refugiados; por eso impulso que recuperemos nuestro papel histórico como líderes en el reasentamiento de refugiados y que reformemos nuestras políticas actuales en el extranjero que llevan a las personas a huir de sus hogares en busca de un futuro más seguro.

Trabajadores y economía

Los estadounidenses merecen una economía que funcione para todos, no solo para las grandes empresas adineradas y el 1 % más rico. Lamentablemente, hoy los trabajadores operan dentro de un sistema amañado que nos ha dejado una brecha de desigualdad cada vez mayor y un socavamiento constante de los derechos. Debemos reformar nuestra economía para garantizar que todos los estadounidenses tengan acceso a un empleo estable con un salario digno, buenas prestaciones y el derecho a organizarse.

Estoy comprometida a impulsar cambios que garanticen esas protecciones para los trabajadores de todos los sectores y niveles de ingresos del país. Por eso apoyo firmemente el aumento del salario mínimo, que revertirá el estancamiento que los trabajadores han sufrido durante décadas mientras intentan seguir el ritmo del aumento constante del costo de vida. Pero los salarios bajos no son lo único que frena a las familias trabajadoras. También impulso una política nacional de licencia familiar y de días de enfermedad pagados, para que nadie tenga que elegir entre su salud y su sueldo.

Incluso cuando tienen un empleo remunerado, con demasiada frecuencia los trabajadores se ven obligados a luchar contra la discriminación y la falta general de protecciones en el lugar de trabajo. Durante décadas, los sindicatos han sido una fuerza positiva para las familias trabajadoras, impulsando cambios favorables y haciendo frente a los ataques contra sus derechos. Debemos aprovechar las victorias del movimiento sindical y reforzar los derechos de organización de todos los empleados, para que esas victorias no puedan revertirse. Lucho por proteger y ampliar el derecho a sindicalizarse y a negociar colectivamente mejores salarios y condiciones de trabajo. También presiono al Departamento de Trabajo para que cumpla con su responsabilidad de investigar y hacer cumplir las leyes contra el robo de salarios y las normas de seguridad en el trabajo, para que nadie arriesgue su sustento ni su salud al presentarse a trabajar.

También trabajo para promover modelos de empleo nuevos y progresistas, como una garantía federal de empleo y las cooperativas de propiedad de los trabajadores, para asegurar que no solo cada estadounidense tenga un empleo digno, sino que además tenga un lugar en la mesa y voz en las decisiones que afectan su futuro y su capacidad de mantener a su familia.

Educación

La educación es un camino hacia mayores oportunidades y seguridad económica. Es el eje del sueño americano. Me comprometo a garantizar que todos los estadounidenses tengan acceso a una educación asequible y de calidad en todos los niveles, desde el prekínder hasta la universidad y más allá.

Debemos dotar a las escuelas primarias y secundarias del país de los mejores recursos posibles para ayudar a preparar a nuestros estudiantes para su futuro. Eso significa aumentar el financiamiento federal de programas educativos fundamentales y las subvenciones a las escuelas locales, así como reparar y modernizar la infraestructura de las aulas. Nuestros estudiantes no pueden prosperar en escuelas con techos con goteras, aulas sin calefacción ni aire acondicionado y agua potable contaminada. Necesitan un entorno seguro y equipos de alta calidad para tener éxito. También debemos garantizar que los maestros que guían a nuestros estudiantes tengan lo que necesitan para prosperar, ofreciendo a todo el personal escolar salarios más altos, licencias pagadas y prestaciones de primer nivel.

Pero no podemos dejar de defender a los estudiantes una vez que se gradúan de la secundaria, sobre todo ante los crecientes obstáculos que enfrentan para cursar estudios superiores. El aumento del costo de la universidad y de la educación y la capacitación postsecundarias limita las oportunidades y la movilidad de nuestra futura fuerza laboral. La deuda universitaria ha aumentado un 170 por ciento desde 2006 y ya supera los $1.5 billones, lo que dificulta que los prestatarios salgan adelante, acumulen patrimonio o contribuyan al crecimiento económico. Esa carga de deuda tiene un impacto desproporcionado en los estudiantes de color y de clase trabajadora, lo que perpetúa la creciente brecha de desigualdad de nuestro país.

Lucho por nuestros estudiantes impulsando políticas que hagan frente al aumento del costo de la universidad. Entre ellas figuran establecer la universidad sin costo de matrícula y eliminar la deuda estudiantil existente, que hoy frena a millones de estadounidenses. Aplicar estos planes garantizará que todas las personas, sin importar sus ingresos, su código postal, el color de su piel o la ocupación de sus padres, tengan acceso a una educación asequible y de calidad.

Justicia ambiental

Vivimos una crisis climática. Con más desastres naturales y un planeta cada vez más caliente, necesitamos medidas a gran escala para combatir el cambio climático y garantizar que todos tengan acceso a aire limpio, agua limpia y un medio ambiente sano.

En el Congreso, mi principal prioridad ambiental es hacer frente al cambio climático y ayudar a nuestro país a reducir su huella de carbono, dejando atrás la dependencia de los combustibles fósiles y avanzando hacia una economía basada al 100 % en energía limpia. Defiendo con firmeza políticas que inviertan en energía renovable, impulsen una manufactura verde y eficiente y mantengan protecciones ambientales sólidas. También insisto en que debemos poner fin a los subsidios y las exenciones fiscales que hoy regalamos a los millonarios y multimillonarios de la industria de los combustibles fósiles, y centrar en cambio nuestras inversiones federales en programas que ayuden a construir un futuro más saludable para nuestros hijos.

También debemos poner fin a la extracción de combustibles fósiles que afecta de manera desproporcionada a las comunidades de color y a las comunidades indígenas. Debemos respetar la soberanía tribal y detener la construcción de infraestructura de combustibles fósiles en tierras tribales y territorios protegidos por tratados. Me opongo a los proyectos de infraestructura de combustibles fósiles que perpetúan el racismo ambiental, es decir, la contaminación y la degradación ambiental desproporcionadas que sufren las comunidades de color y las comunidades indígenas.

Como parte de este impulso hacia una economía de energía limpia, debemos dar prioridad a la capacitación laboral y a la creación de empleos en los sectores renovables, para apoyar a los trabajadores que hoy dependen de la industria de los combustibles fósiles. Los miles de estadounidenses que hoy trabajan en la industria del carbón necesitan una transición segura hacia empleos en la nueva economía energética, empleos con un salario digno, un sindicato y prestaciones patrocinadas por el empleador. Seguiré abogando por inversiones en la fuerza laboral, como centros de capacitación en energía limpia, apoyo para la reubicación y servicios de inserción laboral, para garantizar un futuro prometedor tanto para nuestro medio ambiente como para nuestra gente.

Atención médica

Una atención médica asequible y de calidad es un derecho humano. Sin embargo, uno de cada cuatro estadounidenses no puede pagar o no puede acceder a la atención médica que necesita debido a su costo prohibitivo. Esto es inaceptable. Como uno de los países más ricos y poderosos del mundo, Estados Unidos no puede ser un lugar donde algunos ciudadanos tengan que elegir entre buscar un tratamiento que les salve la vida o poner comida en la mesa para su familia. No puede ser un país donde a millones de ciudadanos con afecciones preexistentes se les niegue la cobertura. Ni puede ser un país donde la atención de salud mental de calidad sea un privilegio reservado a unos pocos.

Nuestro sistema de salud debe garantizar la dignidad y la igualdad de todas las personas; por eso debemos adoptar políticas que lleven a nuestro país hacia un sistema de pagador único. Como miembro del Congreso, me enorgullece apoyar Medicare para Todos (Medicare for All), una propuesta legislativa que crea un sistema de pagador único que por fin garantizará la cobertura de todos los estadounidenses, al tiempo que contiene los costos exorbitantes de nuestro sistema actual. También pienso seguir luchando contra los constantes ataques a la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (Affordable Care Act) y contra los intentos del gobierno de Trump de eliminar las protecciones fundamentales que ofrece esta ley histórica.

El derecho inalienable a la atención médica también significa que a nadie se le debe impedir el acceso a los medicamentos recetados que necesita. Los estadounidenses pagan más por los productos farmacéuticos que cualquier otro país del mundo. Debemos exigir cuentas a las compañías farmacéuticas por los precios abusivos y otras prácticas empresariales monopólicas que anteponen las ganancias a los pacientes. Abogo con firmeza por políticas que reduzcan los precios y aumenten la transparencia en la industria.

También apoyo los esfuerzos para proteger los derechos reproductivos frente a quienes buscan arrebatarnos la capacidad de tomar decisiones sobre nuestro propio cuerpo. Toda mujer, sin importar dónde viva ni cuál sea su situación económica, tiene derecho a una atención de salud reproductiva segura y de calidad, que incluye el acceso a la atención relacionada con el embarazo, a los anticonceptivos y a los servicios de aborto. Seguiré siendo una firme defensora de los derechos de las mujeres, especialmente en lo que respecta a la preservación de nuestra autonomía corporal y de la atención de salud reproductiva.

Política exterior

Creo en una política exterior inclusiva, que tenga como pilares de la participación de Estados Unidos en el mundo los derechos humanos, la justicia y la paz; que traiga a casa a nuestras tropas y que haga de la acción militar, de verdad, el último recurso.

Esto significa reorientar nuestra política exterior hacia la diplomacia y la cooperación económica y cultural. En un momento en que gastamos en nuestras fuerzas armadas más que los siete países siguientes juntos, nuestra presencia armada en el mundo suele ser el contacto más inmediato que tienen con Estados Unidos las personas del mundo en desarrollo. Defiendo con firmeza la reducción de nuestro descontrolado gasto en defensa y la reinversión de esos recursos en nuestras comunidades locales. También debemos desmilitarizar nuestra política exterior derogando la AUMF de 2001 (autorización para el uso de la fuerza militar) y recuperando la autoridad constitucional del Congreso en materia de poderes de guerra. Es la única manera de poner fin a nuestro estado de guerra perpetua e interminable y de garantizar que en el futuro el uso de la fuerza militar sea el último recurso.

Crear una política exterior inclusiva también significa replantear las sanciones perjudiciales y otras políticas intervencionistas que interfieren con gobiernos elegidos democráticamente. Las investigaciones académicas han demostrado que las sanciones logran sus objetivos solo alrededor de un tercio de las veces y, en el peor de los casos, pueden perjudicar a la población de un país, por lo general precisamente a las personas a las que decimos ayudar, sin alterar en lo más mínimo el comportamiento de ese país. En el Congreso, impulso que se deje de usar las sanciones y los embargos como medio de castigo y de control, y que nos centremos en cambio en soluciones diplomáticas con una visión estratégica a largo plazo.

También creo firmemente que nuestra política exterior debe reflejar nuestros valores internos. Por eso defiendo con firmeza programas internacionales que hagan frente a la crisis climática, aumenten las oportunidades económicas, pongan fin al encarcelamiento masivo y protejan a las poblaciones vulnerables, tal como lo hago en el ámbito nacional. Son principios que deben extenderse no solo a nuestra política exterior, sino también a los acuerdos comerciales que firmamos, evitando cualquier pacto económico que debilite nuestras normas laborales y ambientales dentro y fuera del país. Una vez que apliquemos plenamente estas políticas, podremos empezar a reparar el daño causado, restaurar la imagen deteriorada de Estados Unidos y reconstruir nuestras relaciones diplomáticas.